El caso Odebrecht no sólo está centrado en el principal imputado, Emilio Lozoya Austin, y en quienes fueron sus superiores jerárquicos. El expediente incluye también una indagatoria contra 18 directivos en activo y exfuncionarios de Pemex implicados en la autorización de los contratos preferenciales otorgados al consorcio Braskem-Idesa. Coincidentemente varios de ellos recibieron inusuales depósitos bancarios…
JUAN OMAR FIERRO|Foto: David Deolarte|15 agosto, 2020|CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En la investigación del caso Odebrecht en México, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una línea de investigación contra 18 empleados activos y exfuncionarios de Pemex que entre 2010 y 2015 avalaron y firmaron los contratos que le reportaron a Emilio Ricardo Lozoya Austin beneficios por 10.5 millones de pesos derivados de los presuntos sobornos que recibió durante su desempeño como director de la petrolera gubernamental.
De acuerdo con un informe técnico que forma parte de las causas penales judicializadas contra quien también fue coordinador de asuntos internacionales de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, los empleados y exfuncionarios que son indagados participaron en los procesos de adjudicación y contratación de la Constructora Norberto Odebrecht para realizar obra pública en tres instalaciones de Pemex durante la administración de Lozoya Austin.
Además, autorizaron los contratos preferenciales para el abasto de gas etano al consorcio Braskem-Idesa en el caso del complejo petroquímico Etileno XXI, así como la compra a sobreprecio por parte de Pemex de una planta chatarra de fertilizantes en el caso Agronitrogenados.
La investigación del área financiera de la FGR localizó un pago directo de una empresa contratista de Pemex –diferente a Odebrecht y Altos Hornos de México– a un funcionario activo de la compañía por más de medio millón de pesos. Aun así, el funcionario se mantiene en su cargo.
Entre los investigados se encuentran seis excolaboradores de Lozoya Austin, que buscan acogerse a un criterio de oportunidad para obtener los mismos beneficios procesales que su exjefe.
De acuerdo con el informe técnico del que Proceso tiene copia, los 18 funcionarios en activo y los exfuncionarios de Pemex recibieron transferencias por cantidades que van de los 50 mil a los 2 millones de pesos, por lo que FGR decidió elaborar una red de vínculos para conocer a las empresas y particulares que les hicieron los depósitos.
Los funcionarios en activo o exempleados de Pemex también tienen propiedades en zonas de mediana y alta plusvalía, en colonias como Lomas de Chapultepec, Lomas del Pedregal y Las Águilas, entre otras.
Hasta el momento, los bienes y cuentas bancarias de los funcionarios citados en la indagatoria no han sido bloqueadas por las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ni por alguna autoridad judicial.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2285 de la revista Proceso, ya en circulación.
